El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, salió al cruce de las declaraciones formuladas por el legislador opositor José Seleme, que afirmó que el Estado provincial no efectúa ningún tipo de control sobre la actividad azucarera. “El legislador-cañero es parte del problema, no de la solución”, embistió.
El funcionario considera que Seleme tiene “un desconocimiento absoluto de la actividad conjunta que vienen desarrollando el Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ipaat) y las entidades representativas del sector azucarero tanto industriales como azucareras (CART, UCIT y Cactu) respecto del ordenamiento del sector en la fase productiva y comercialización en el mercado externo”, indicó a LA GACETA.
El legislador del bloque “Avanza Tucumán” reclamó que el sector cañero necesita financiamiento y denunció que la actividad informal castiga al pequeño productor. “No hay ningún tipo de control. Nadie regula, nadie fiscaliza. El Gobierno mira para otro lado”, expresó.
Abad puntualizó que no le sorprende que “cierta oposición haga denuncias infundadas y que, si las conoce, como manifiesta en sus declaraciones, debería acercarlas con nombre y apellido al Ipaat y a la Dirección General de Rentas”. Según el ministro, ambos organismos llevan controles exhaustivos en laboratorios como en traslado de azúcar dentro del territorio provincial, con el fin de evitar la comercialización en negro del endulzante. “Si realmente quiere colaborar que se acerque el viernes y el lunes al Ipaat, donde están previstas reuniones con las entidades cañeras e industriales, con propuestas en mano y con las denuncias que declara conocer”, agregó.
“Si hay azúcar en negro, como él denuncia, es porque hay cañeros que fomentan esa práctica informal. Que los denuncie”, fundamentó.
En otro orden, el ministro de Economía habló acerca de los constantes pedidos de reducción y eliminación de impuestos como Ingresos Brutos y Salud Pública formulados por distintas cámaras empresarias. “El Gobierno siempre está dispuesto, como lo promueve el Ejecutivo nacional, una reforma tributaria integral. Tratar aisladamente algunos de esos impuestos es, por un lado, desfinanciar la salud pública, por el impuesto homónimo, y, por otro lado, desfinanciar, sin reemplazo inmediato, Ingresos Brutos que es el que sostiene el andamiaje estatal en servicios esenciales como seguridad, educación y desarrollo social”, remarcó.
A Abad le llama la atención que todos los reclamos se dirijan hacia esos dos impuestos, pero no se escuchan reclamos respecto de una probable coparticipación de las retenciones al sector agroexportador, impuestos internos y a los débitos y créditos bancarios, que la Nación no lo distribuye entre las provincias.